La invasión a Panamá: 20 de Diciembre de 1989 ocurrió un genocicio
La cifra real de los muertos tal vez nunca se llegue a saber mientras a nivel oficial y gubernamental no se realice una investigación, cosa a la que se han negado tanto el gobierno de Guillermo Endara como el de Ernesto Pérez Balladares, de manera que, en los hechos, ambos gobiernos son encubridores y cómplices del genocidio perpetrado por las tropas yanquis en 1989.
Después de la publicación del libro La verdad sobre la invasión en 1990, han sido numerosas las ocasiones en las cuales se han formulado al autor múltiples preguntas para conocer la realidad de lo sucedido y los efectos de todo tipo que implicaron las acciones norteamericanas durante los últimos días de 1989.
Estas preguntas le han sido formuladas al autor en diversos momentos, ya fuera por público en general en debates y conversaciones personales, o por algunos abogados que litigaban casos relativos a las demandas surgidas con posterioridad a la invasión por personas que se vieron afectadas de una u otra manera por ella.
Estas preguntas, relativas a la magnitud de la fuerza bélica utilizada por el ejército norteamericano el 20 de Diciembre de 1989, a la cantidad de víctimas, daños materiales y económicos causados, así como a los efectos psicológicos de la misma, y las responsabilidades legales que les competen, complementan el tratamiento de los hechos dado en la versión original de La verdad sobre la invasión.
Es necesario reiterar aquí, como lo hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años, que toda la verdad de lo acontecido sólo se podrá saber el día en que un gobierno que auténticamente sea garante del interés nacional y popular se decida a crear una Comisión Investigadora, una Comisión de La Verdad, que reciba declaraciones e investigue para establecer toda la realidad de lo acontecido el 20 de Diciembre de 1989. La tarea de esta comisión debe ser similar a la que realizó la Comisión Sábato en Argentina para esclarecer la magnitud del genocidio cometido por la dictadura militar.
Por supuesto, hay fuerzas políticas y sociales que conspiran a diario para que la verdad sobre el 20 de Diciembre no salga a la luz del día y, por el contrario, que desaparezcan los vestigios del crimen cometido por las tropas norteamericanas ese día. Ni el gobierno de Guillermo Endara, ni el de Ernesto Pérez Balladares, ni Mireya Moscoso, ni mucho menos Martín Torrijos, han dado ningún paso sólido para esclarecer la verdad de los hechos.
Los motivos son obvios: mantener el Canal y la República de Panamá como zona geoestratégica bajo control norteamericano.
El 20 de Diciembre de 1989, como el 9 de Enero de 1964 y la Gesta Inquilinaria de 1925, son motivos más que suficientes para que el pueblo panameño se oponga por completo a cualquier intento de permanencia de bases militares yanquis en Panamá.
¿Cuánta fuerza bélica usó EEUU contra Panamá en la invasión del 20 de Diciembre de 1989 y cómo afectó a la población civil?
La invasión perpetrada por el ejército de Estados Unidos contra Panamá, el 20 de diciembre de 1989, fue un acto de extremada e injustificada violencia. Esta acción bélica, realizada contra una población completamente desprevenida, contó con los más sofisticados armamentos y con un elevado contingente de tropas.
En esta acción militar, que se ha conocido con el nombre de Causa Justa, participaron 25,000 mil soldados norteamericanos. Además de las tropas normalmente acantonadas en las bases ubicadas en el área del Canal de Panamá, bajo las órdenes del Comando Sur, participaron en la invasión:
-La 7ma. división de infantería procedente de Fort Ord - California.
-Un batallón mecanizado de la 5ta. división de infantería acantonada en Fort Polk, Loussiana.
-Una brigada de la 82a. división aerotransportada de Fort Bragg - Carolina del Norte.
-Dos batallones rangers.
El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el «arte» de hacer la guerra, y que luego han sido usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico:
-Bombarderos Stealth F-117.
-Bombas de 2,000 libras.
-Misiles Hell Five.
-Helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra.
-Aviones de aslato A-37.
-Cañones de fuego rápido de 30 mm.
-Vehículos HMMWV (Hummer) con ametralladoras de alto calibre.
-Fusiles M-16 con mirilla infrarroja.
Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideran que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que es violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que «prohibe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios»
Los primeros objetivos militares de la invasión fueron los principales cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá, y las áreas civiles aledañas fueron las más afectadas, tanto por la acción directa de las tropas norteamericanas como por el saqueo posterior. Las áreas más afectadas fueron:
-El Chorrillo, donde estaba el Cuartel Central.
-San Miguelito, cuarteles de Tinajita y de la XI Zona Militar.
-Panamá Viejo, cuartel del escuadrón UESAT.
-Fuerte Amador, en el área revertida.
-Aeropuertos de Tocumen y Paitilla.
-Batallón 2,000 en Pacora.
-Río Hato.
-Fuerte José Domingo Espinar.
Según la Comisión Especial enviada por ALDHU a Panamá, entre el 21 y el 25 de febrero de 1990, y que estuvo conformada por prestantes figuras del continente, encabezadas por el jurista norteamericano Robert White: «...el bombardeo del Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa provocó el incendio generalizado y la destrucción de los barrios de San Miguelito y El Chorrillo».
Después se ha sabido que el incendio iniciado la mañana del 20 de diciembre fue provocado consciente y meticulosamente por las tropas norteamericanas, con el evidente objetivo de controlar la zona aledaña al Cuartel Central y eliminar los últimos focos de resistencia que aún quedaban. En este sentido, cabe denunciar la actitud cómplice del cura católico Javier Arteta, de la iglesia de Fátima (Chorrillo), jugó un papel nefasto, ya que se prestó para encubrir a las tropas yanquis, acusando falsamente a los Batallones de la Dignidad de ser los causantes del incendio del Chorrillo.
Al respecto ALDHU concluye que: «Algunos de los objetivos militares perseguidos por los invasores se encontraban dentro de zonas densamente pobladas. Este hecho obligaba a las fuerzas de ocupación a extremar las medidas de seguridad que garantizaran la vida y bienes de la población civil. Sin embargo, parece evidente que las medidas adoptadas por los norteamericanos privilegiaron la protección de sus propias vidas, aumentando el riesgo de la población invadida».
¿Cuántos muertos hubo durante la invasión?
Esta negligencia del ejército norteamericano respecto a la población civil y sus bienes se manifestó con especial dramatismo en las cifras de muertos y heridos. Sin que se haya llegado a una estimación oficial respecto a este punto, los datos recabados por diversos organismos confirman el alto número de víctimas civiles producidas por la llamada «Operación Causa Justa».
La Iglesia Católica panameña ha estimado que en la invasión se produjeron 655 muertes por el lado panameño, de los cuales 314 eran militares y 341 eran civiles. Ellos estiman los heridos en 2,007, de los cuales tan sólo 124 eran militares panameños
Los datos recabados por el Instituto de Medicina Legal de Panamá registran 255 muertos y 93 desaparecidos. De los desaparecidos, 39 corresponden a militares y el resto son civiles. Por su parte, el Comité Panameño de Derechos Humanos contabiliza 556 muertos y 93 desaparecidos. Otros organismos, como la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, consideran que las víctimas deben ser «alrededor de 4,000».
Tomando como válidos los datos aportados por la Iglesia Católica y relacionándolos con las cifras de víctimas norteamericanas, 26 muertos y 324 heridos de acuerdo al Comando Sur, nos muestra una alta cifra de 25 panameños muertos por cada norteamericano.
La cifra real de los muertos tal vez nunca se llegue a saber mientras a nivel oficial y gubernamental no se realice una investigación, cosa a la que se han negado tanto el gobierno de Guillermo Endara como el de Ernesto Pérez Balladares, de manera que, en los hechos, ambos gobiernos son encubridores y cómplices del genocidio perpetrado por las tropas yanquis en 1989.
¿Cuánta gente perdió sus hogares por culpa de la invasión?
Otro de los aspectos en que ha quedado evidenciada la acción destructora de la invasión norteamericana sobre la población civil es el alto número de personas que perdieron sus hogares, y que han pasado a considerarse damnificados o refugiados de la invasión. De acuerdo a testigos presenciales, citados en diversas investigaciones, el combate más duro se produjo en el área residencial de El Chorrillo, comprendida entre las calles 25, 26 y 27, en las que habitaban más de 30,000 personas en un área que no excede de 20 hectáreas.
Encuestadas en el campo de refugiados montado en la Escuela Secundaria de Balboa, a donde fueron llevados inicialmente los chorrilleros evacuados, se contabilizaron 18,000 personas agrupadas en 2,800 familias que perdieron sus hogares en El Chorrillo. Allí fueron destruidos también 123 comercios de diversa índole. A las familias refugiadas de El Chorrillo, hay que agregar otras 48 familias que perdieron sus hogares por la invasión en la ciudad de Colón y un número no precisado de casas que fueron afectadas por los combates en San Miguelito.
El elevado número de hogares y edificaciones afectadas por la invasión demuestra que las tropas norteamericanas no hicieron el menor intento por limitarse a blancos militares, evitando daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.
Pese a las promesas del gobierno norteamericano de compensar los daños causados en las viviendas de estos refugiados, hay que señalar que los afectados se han manifestado insatisfechos con los trabajos de reparación y construcción realizados. Además de que consideran insuficiente la compensación monetaria de $ 800.00 dólares que se les asignó (no a todas las familias) para que repusieran sus muebles y ropas perdidas durante la invasión. En este sentido, el ex ministro de vivienda, Arq. Alfredo Figueroa, ha negado que Estados Unidos hayan pagado los 40 millones de dólares prometidos para reparar los daños hechos en El Chorrillo. Según él, sólo pagaron 22 millones de dólares
¿Cómo se cuantifican las pérdidas económicas causadas por las tropas norteamericanas con la invasión?
Respecto a los daños económicos causados por la invasión norteamericana a Panamá las estimaciones también varían de acuerdo a los criterios que se utilicen. En este aspecto, como con las pérdidas humanas, los gobiernos surgidos luego de la invasión se han negado a conformar una comisión especial que cuantifique, de acuerdo a parámetros consensuales, el monto total de las pérdidas.
Para algunos, como el economista Juan Jované, hay que incorporar a las pérdidas materiales producidas por la invasión, las pérdidas sufridas por la economía panameña por culpa de las sanciones económicas norteamericanas impuestas a partir de marzo de 1988. Tan sólo en el primer año de sanciones, 1988, el producto interno bruto cayó en un 17.1 por ciento y los ingresos corrientes del estado bajaron un 44 por ciento.
Dentro de las pérdidas sufridas en la propia invasión hay que considerar los daños directos causados por el enfrentamiento militar, sobre todo en las instalaciones públicas y de las FFDD, y los daños directos causados a propiedades privadas por la invasión y el saqueo que generó.
Hasta ahora no ha habido un informe oficial sobre las pérdidas globales sufridas por el estado panameño, como ya se ha dicho. El ejército norteamericano además de la destrucción directa causada a las armas e instalaciones de las FFDD, decomisó un enorme arsenal cuyo valor puede alcanzar varios millones de dólares, que debe computarse entre las pérdidas del estado panameño.
Como una muestra de las millonarias pérdidas sufridas por otras entidades del estado, basta mencionar que la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Gobierno y Justicia estimó daños en 386,000 balboas. En el plano fiscal el estado dejó de percibir por lo menos 4 millones de dólares debido a la invasión, según el Prof. Roberto Méndez
En el sector privado, si bien en un primer momento el economista y empresario Guillermo Chapman estimó las pérdidas ocasionadas por la invasión en 1,500 millones de dólares, posteriormente el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá (CEECAM) ha dado cifras más pequeñas pero confiables. Esta información, que fue obtenida por el CEECAM a través de una encuesta aplicada a 1,147 empresas comerciales e industriales, estimó que se había perdido durante la invasión el 90% de los inventarios y un 10% de los activos fijos.
Según los datos de la CEECAM los comercios mayormente afectados por el saqueo producido durante la invasión-ocupación, fueron las ciudades de Panamá y Colón, en las que las tropas norteamericanas aniquilaron a las Fuerzas de Defensa panameñas. El interior de la república, donde casi no hubo combates, NO se registraron saqueos. O sea, el saqueo se produce en las áreas que sufren directamente la invasión. Datos del CEECAM revelan que las áreas más afectadas por el saqueo fueron, en ese orden: los barrios de Calidonia, Bethania, Bella Vista, San Miguelito, Santa Ana y Juan Díaz.
Según las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta, que citan el informe de CEECAM: «Las áreas más alejadas fueron las que menos sufrieron daños materiales...En cuanto a las áreas rurales, las mismas no sufrieron destrozo alguno.»
Los daños económicos a las empresas comerciales e industriales de las ciudades de Panamá y Colón han sido estimados por CEECAM en 432.1 millones de dólares. De los cuales 334.8 millones corresponden a mercancías perdidas, 67.2 millones a instalaciones físicas perdidas, 8.7 millones a materias primas, 21.4 millones se estiman en la categoría no especificada de «otros».
En cuanto a rubros específicos los datos de CEECAM señalan que se perdieron 58.7 millones de dólares en alimentos, 44 millones en el área de transporte, 11.9 millones de dólares en medicinas y productos químicos y 14.9 millones se perdieron en el área de la construcción. Tan sólo en la ciudad de Colón se contabilizan pérdidas por un monto de 68 millones de dólares.
A estos datos hay que agregar que la invasión produjo la pérdida directa de 15 mil empleos, los que se deben agregar a los 60 mil empleos perdidos en 1988 con las sanciones económicas. Esta situación elevó el índice de desempleo en el país a más del 30 por ciento de la población económicamente activa, lo que agravó las condiciones de miseria socioeconómica de cientos de miles de panameños. El Ministerio de Planificación calcula que la población que subsiste con ingresos inferiores al mínimo necesario para vivir sobrepasa el 40 por ciento de los panameños.
Recuperar el ritmo del crecimiento económico a los niveles previos a la invasión y a las sanciones económicas no será fácil para Panamá. Según Juan Jované: «En todo caso, las pérdidas producidas durante la invasión deberían ser sumadas a las generadas por la aplicación de las sanciones, dando como resultado un impacto total que ha sido calculado por varias fuentes en cerca de 4,000 millones de balboas. Esta cifra equivale a aproximadamente el 75 por ciento del valor total corriente del PIB de 1987».
Jované agrega que: «Esto significa que, sólo para volver al nivel absoluto de 1987, se necesitaría cerca de 3 años. Más aún se necesitarían aproximadamente 6 años y medio a esa alta tasa(del 20 %) para recuperar el nivel del PIB por habitante de 1987».
¿Qué efecto psicológico tuvo la invasión sobre miles de panameños?
Un aspecto poco estudiado hasta ahora es el impacto psicológico que la invasión produjo en las mentes de decenas de miles de panameños, sobre todo entre los que vivieron directamente el escenario del combate armado, como los chorrilleros y los habitantes de los barrios aledaños a los cuarteles. Este impacto psicológico, que también podríamos llamar trauma, es la causa objetiva de muchos comportamientos anormales y de extremada violencia que vivimos los panameños los días y semanas posteriores a la invasión del 20 de diciembre de 1989.
El Dr. Lawrence C. Kolb, autor del libro Psiquiatría Clínica Moderna, que se utiliza como texto en la Escuela de Sicología de la Universidad de Panamá, dice respecto a este tema: «Con frecuencia aparece un trastorno definido de la personalidad, después de que el individuo se enfrenta a una gran amenaza para su vida, ya sea como consecuencia del stress que en la vida vida civil producen las catástrofes (accidentes, inundaciones, huracanas o erupciones volcánicas) o del stress que implica la lucha y el combate bélicos, o los horrores de la existencia en un campo de concentración».
Más adelante señala el Dr. Lawrence C. Kob que: «En la nomenclatura actual este síndrome no figura entre las neurosis, sino en el grupo de los «Trastornos situacionales transitorios de la personalidad», con el nombre de reacción ante un gran stress. Esta clasificación es insatisfactoria, ya que a partir de estudios en veteranos de guerra con neurosis de combate y en los sobrevivientes de los campos de concentración, se han acumulado pruebas de que dichas experiencias producen, en las funciones de personalidad, una desorganización que perdura por largo tiempo»
Y agrega: «Durante la Primera Guerra Mundial el fuego de artillería alcanzó una gran intensidad, con una potencialidad para producir miedo que tal vez nunca habían logrado las armas bélicas. Pudo notarse que con estas bombas aterradoras, que a menudo se combinaban con ataques aéreos que también inspiraban miedo, aparecían en los soldados una sorprendente variedad de síntomas, incluyendo parálisis, temblor de grandes oscilaciones, mutismo, ceguera, confusión o angustia intensa. En ausencia de otros factores etiológicos aparentes, al principio se llegó a la conclusión de que el cerebro debía haber sufrido, en alguna forma no determinada, un daño provocado por la conclusión debida al impacto de la explosión cercana de una bomba. Por lo tanto, se aplicó a estas contingencias el nombre de «choque por bomba»
«Bajo las circunstancias del combate, las diversas causas de stress interno y externo, se combinan para producir un conflicto que puede volverse intolerable. Las defensas psicológicas del yo, que hasta entonces habían sido efectivas se derrumban; en consecuencia se eleva la angustia y salen a la superficie patrones infantiles de conducta que constituyen el cuadro neurótico...» señala de Dr. Kolb.
Y además agrega: «A pesar de los diversos factores que ayudan a prevenir la neurosis de combate, las causas de stress, como el agotamiento, la excitación y el terror mortal, casi inevitablemente producen reacciones que se considerarían anormales en el marco civil...»
Confirmando la existencia de un trauma psicológico entre las víctimas de la invasión, nos dice la sicóloga Berta Jaramillo que: «Si impresionante fue ver horas y días después, y aún hoy, el área afectada... detengámonos a observar otro panorama: el de las vivencias de la gente que allí vivía». Y agrega: «El que vivió los momentos difíciles del día 20 de diciembre en este barrio, y que hoy experimenta sus efectos, te dirá: tú no puedes comprender!... Esto es realmente cierto»
Definitivamente, la invasión norteamericana, con su lógica de muerte y destrucción, produjo un trauma en la mente de miles de panameños. El hecho de enfrentarse a la destrucción repentina de las instituciones sociales que le daban solidez a su existencia, desde las instituciones más íntimas como la familia y el hogar, hasta las instituciones públicas, son parte del impacto psicológico de la invasión.
El sentimiento de temor, y muchas veces de pánico, a perder la vida, posibilidad auténticamente real; la ansiedad producida por no saber de la suerte corrida por familiares y amigos; la inseguridad respecto al futuro del núcleo familiar, si contará con medios para alimentarse, si será destruida su vivienda, si sus bienes y sus vidas están o no en riesgo; todos estos aspectos combinados, y que sufrieron en carne propia decenas de miles de panameños, conforman lo que podemos llamar el trauma de la invasión.
Es necesario recalcar que este trauma afectó no sólo a aquellas personas que estuvieron directamente presentes en las áreas de combate, como los habitantes del Chorrillo por ejemplo, sino que, por la intensidad del bombardeo y la dispersión y diversidad de las áreas de combate dentro de las ciudades de Panamá y Colón, este trauma es extensivo a grandes sectores de la población. Por supuesto, para las víctimas directas el daño psicológico es mayor y más duradero que para aquellos que fueron impresionados desde cierta distancia por el ruido del bombardeo, los disparos y las llamas, a los que no estaban acostumbrados.
Para las sociólogas Lina Muñoz y Milagros Huerta los testimonios recabados en el transcurso de su investigación confirman el trauma psicológico al que nos referimos. Según ellas: «La no comprensión de un hecho tan violento, en el caso concreto de los niños, obtiene resultantes negativas en los individuos: inseguridad, agresividad, conductas atípicas, apatía u obsesión ante determinada situación o actitudes suicidas incluso...»
Y agregan las sociólogas Muñoz y Huerta que estos comportamientos anómalos se manifiestan no sólo individualmente, sino que también se sufren colectivamente. Dicen ellas: «Colectivamente se crean conductas similares a las individuales, pero que crean rasgos distintivos de alienación; indiferencia colectiva, formación de líderes negativos (aquellos en los cuales se da la tendencia a agruparse o formar individuos sin conciencia moral, ni social, ni conductual)». (Ibidem, pág. 165).
El factor sorpresivo de la invasión aumentó el efecto del trauma que ya de por sí representaba la acción militar. De haberse advertido a la población no sólo se habría evitado un mayor número de víctimas, sino que el impacto sicológico de la invasión hubiera sido menor. El gobierno de Estados Unidos es responsable, no sólo por los daños directos a la vida y bienes de los panameños, sino también es responsable por los daños psíquicos causados a la población, y por los daños materiales ocasionados por personas emocionalmente afectadas.
La combinación de los efectos sicológicos de la invasión con los efectos económicos es la raíz en la que hay que buscar la explicación de la elevada criminalidad aparecida con posterioridad al 20 de diciembre de 1989 en Panamá. Las cifras de crímenes ocurridos entre los meses de enero y febrero de 1990 revelan que se había producido un acontecimiento tan traumático que había alterado significativamente el comportamiento social.
¿A quién compete la responsabilidad legal por el saqueo producido con posterioridad a la invasión?
Todos los testimonios, análisis e informes sobre la invasión señalan claramente que el saqueo generalizado de instalaciones comerciales e industriales se produce después de que las tropas norteamericanas han atacado y liquidado a las FFDD de Panamá, y cuando éstas tienen bajo su control las áreas neurálgicas de la capital.
«Producida la ocupación militar del país - dice el informe de ALDHU-, destruidas las Fuerzas de Defensa, desarticulada la mínima resistencia inicial y apresados miles de ciudadanos, las ciudades de Panamá y Colón quedaron bajo el total control de las fuerzas de ocupación».
«En estas circunstancias se produjo el saqueo masivo de negocios, tiendas, mercados e incluso residencias particulares. Miles de personas participaron en estos actos, asolando los barrios comerciales y las propias viviendas, especialmente aquellas que habían sufrido el allanamiento previo de las tropas de ocupación»
Analizando respecto a quién compete la responsabilidad del saqueo masivo de los negocios en las horas posteriores a la invasión, el informe de ALDHU señala: «De cualquier manera, resulta evidente que si una potencia extranjera invade un país, debe tomar las providencias y precauciones del caso para cautelar los bienes y la propiedad, máximo cuando, como en este caso, la invasión eliminó las Fuerzas de Defensa y dejó a la población desamparada».
Y prosigue: «Lo cierto es que las fuerzas de ocupación, teniendo el territorio panameño bajo su control y habiendo diezmado a las fuerzas de defensa panameñas adoptaron para sí la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población. Esta obligación de las fuerzas ocupantes no fue debidamente observada al no controlar los saqueos ni proteger los bienes y la propiedad particular»
Según la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), esta actitud contraviene el Convenio de Ginebra sobre la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra (IV-64), que en su articulado obliga al ocupante a garantizar el orden público del territorio ocupado en una acción militar y que señala que es obligación del poder ocupante mantener el derecho de la población civil de proseguir su vida cotidiana de la manera más normal posible.
Respecto a quién le cabe la responsabilidad por las pérdidas sufridas durante el saqueo producido por la invasión, los empresarios panameños agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) han sido enfáticos al señalar: «La intervención militar norteamericana resultó en la desintegración de las autoridades de policía panameñas que formaban parte de las Fuerzas de Defensa, las cuales fueron efectivamente eliminadas por la acción militar de Estados Unidos. Los eventos aludidos (el saqueo, n. autor) se iniciaron, y pronto se tornaron incontrolables debido a que las autoridad militar de Estados Unidos fue la única autoridad existente y ésta no frenó la avalancha de saqueos y destrucción».
Al respecto, el dirigente empresarial José Chirino, ex presidente del CONEP, ha dicho: «...hubo una omisión, un vacío que tenían la responsabilidad de verlo... y no lo hicieron. No se si es cierto, pero es lo que se oye comentar en las altas esferas de Washington, de que el general Powell había advertido al presidente Bush que atrasaran la operación unos días, porque las fuerzas de policía militar no estaban listas para actuar”.
Sobre el tema el Informe anual, 1990-1991, sobre los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) dice: «En la noche del 19 al 20 de diciembre de 1989, tropas de Estados Unidos invadieron Panamá. La lucha armada organizada continuó durante el día 20, en que las fuerzas invasoras destruyeron el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y dominaron los principales centros de resistencia militar. En los días subsiguientes se fueron rindiendo los restantes centros militares y los Batallones de la Dignidad que continuaban la lucha. Comenzó paralelamente un saqueo generalizado contra comercios que duró tres y cuatro días, sucesos en los que la policía militar de Estados Unidos se abstuvo de intervenir. La policía de la ciudad fue establecida progresivamente en base a patrullas militares de Estados Unidos en los días subsiguientes».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la O.E.A., es de la opinión que las personas que sufrieron pérdidas materiales como consecuencia de la invasión y el saqueo pueden y deben reclamar al gobierno de los Estados Unidos por los daños ocasionado. Aunque la citada comisión llama la atención de manera especial sobre la situación de «los damnificados de menores recursos», ella no vacila en hacer responsable por los daños a los gobiernos de Panamá y Estados Unidos cuando dice que éstos «se encuentran con la opción de reclamar administrativa o judicialmente al estado panameño, trámite que duraría años, o iniciar una acción contra los Estados Unidos de América por supuesta responsabilidad en los hechos»
Estas denuncias acerca de la responsabilidad que le compete al gobierno de Estados Unidos y a sus Fuerzas Armadas por los saqueos ocurridos durante la invasión a Panamá, están respaldadas por múltiples testimonios que refieren cómo las tropas norte-americanas, no sólo fueron indiferentes frente al saqueo que se producía antes sus ojos, sino que incluso ellas incentivaron muchas acciones contra la propiedad.
Los testimonios coinciden en señalar que el origen geográfico del saqueo generalizado es el centro de la ciudad, los barrios de El Chorrillo, San Felipe, Santa Ana y Calidonia, controlados desde la madrugada del día 20 por el ejército norteamericano. Desde allí el saqueo se va extendiendo hacia las afueras de la ciudad en la medida en que la población, traumatizada en un principio por la acción militar, descubre que tiene entera libertad para saquear.
Un ejemplo de la anuencia del ejército norteamericano hacia el saqueo la da un testimonio brindado a las sociólogas Muñoz y Huerta por una joven de nombre Soraya, residente en el corregimiento de Tocumen, cercana a las instalaciones del Centro Recreativo Militar (CEREMI) de las Fuerzas de Defensa. Soraya dice: «Los días que vinieron fueron algo difíciles. Yo no tenía nada en la cocina... Los vecinos se portaron muy bien. Se intercambiaban cosas del «saqueo». Del Club de oficiales de las Fuerzas de Defensa no quedó nada. Todo se lo llevó la gente. Y los gringos estaban allí y permitían que se lo llevaran...»
Olmedo Beluche
