De 23 en 23 hasta llegar a 187.000
Cuántas reuniones se pueden suspender si tomamos a 187.000 de 23 en 23? Hechas las cuentas me salen 8.130 reuniones, 8.130 días y se acabaría de detener a todos dentro de 22 años, o si se prefiere, 8.130 direcciones de la organización política Batasuna –que por más ilegal que se la declare no deja de ser una organización política, al igual que lo eran el PCE y el PSOE durante el franquismo. El hecho de que en España tengan que reunirse de forma clandestina un grupo de personas no es un agravante para los reunidos, es una losa para el Estado de Derecho. Reunidos pacíficamente y sin armas, reunidos sin alharacas, con toda la discreción de la que fueron capaces, reunidos para hablar de su país, de la autodeterminación, de la independencia, o si prefieren ustedes para hablar de las inundaciones en Alcalá de Guadaira.
Una reunión de personas que tienen afinidades y simpatías ideológicas comunes. Yo mismo hubiera ido a la reunión para hablar, debatir, interpretar, y en la medida de mi inteligencia y conocimientos, aportar cuanto pudiera para avanzar en la solución de un “conflicto vasco” que dura demasiado tiempo. Y en este punto pregunto a Garzón, a Zapatero, a Rubalcaba, y a esa María Teresa –cuyo discurso el mismo día de las detenciones era calcado del que pronunció Fraga Iribarne para justificar el asesinato de Julián Grimau-, si mi amistad personal con independentistas vascos me convierte en sujeto criminal. Todos estamos amenazados por la venalidad de los poderes político-judiciales, y del “todo es ETA” se va por intereses coyunturales a que “los individuos no están ilegalizados”. Y ahora se vuelve al “todo es ETA”, y todo porque se acercan las elecciones y no quieren soltar la poltrona de la Moncloa. Eso lo ve un tonto, yo también.
No es la primera vez que escribo la frase genial de Quevedo sobre la judicatura: “prefiero cien ladrones a un mal juez “. Y en este caso el juez es un malandrín que se pasa el “res sic stantibus” por donde le parece oportuno. Encarcelar a quienes han negociado con Zapatero, a los que se han reunido con Patxi López y Rodolfo Ares –con quienes me solidaricé en su día por las amenazas judiciales que pesaban sobre ellos- , a los que se reunieron con el lehendakari, y no encarcelar ahora que parece que las cosas han cambiado a estos interlocutores es una desfachatez jurídica. Pues todos sabían que representaban lo mismo por lo que ahora se les encarcela. Hay poca consistencia en las acusaciones, y más aún cuando en ningún momento se presentaron como miembros de Batasuna, pues no existe, dado que está ilegalizado. Al fin y al cabo el Estado de Derecho al que apela ahora María Teresa F. de la Vega -40 años antes Manuel Fraga- tiene dos varas de medir, un rasero para los amigos –Ares y López, y Zapatero y sus enviados- y otro para los interlocutores vascos. No es extraño que el Consejero de Justicia vasco diga que esto es un dislate y un error político jurídico de inmensas dimensiones.
Recuerdo a un hombre bueno, en el sentido machadiano, Simón Sánchez Montero. Fue detenido y encarcelado por los lacayos del franquismo, es más, mientras Fraga Iribarne era Ministro de Franco, y cada vez que lo detenían hacía una declaración, siempre la misma, de tal modo que la BPS (Brigada Político Social, hoy Comisaría General de Información) ya tenía redactados de antemano los términos en que se expresaría. Sánchez Montero reconocía sin ambages y a las claras y no decía nada más que era “miembro del Comité Central del Partido Comunista”. A partir de ahí el silencio y las torturas. En la actualidad, con el Estado de Derecho del que se sienten tan ufanos los socialprogresistas, se ilegaliza también las ideas y los proyectos políticos, simplemente porque se supone que los miembros de tal o cual partido “están integrados y forman parte del todo es ETA”. No entro a valorar la conducta de uno, dos o trescientos, sino en que una organización por sí misma no puede delinquir, sólo los individuos que la conforman, pero en este caso –como en el franquismo- lo que se pretende eliminar es la idea misma y el proyecto de independencia del territorio vasco. De cuanto digo aquí hay una buena muestra en la persecución que se hace mediáticamente y por otro medios más adelante ante la propuesta de “consulta” del lehendakari Ibarretxe.
No hay ninguna salida política desde España. Eso lo vemos en España y se ve en el País Vasco. Unos porque son miembros de Batasuna, porque son “cómplices” de la organización armada ETA. Y si es el lehendakari, hombre de derechas, un hombre de orden, defensor del capitalismo y de la moral católica, también es rechazado. Los gobernantes del Estado central, de España en Madrid, no están dispuestos a que se discuta políticamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos, importando poco quién presente la cuestión, Batasuna por ser Batasuna, el lehendakari vasco por ser vasco. La idea españolista de “una, grande, y libre” (del PSOE, y basta ver las declaraciones de Guerra mentando el art.155 de la CE), o la del PP “un dios, una patria, un caudillo”, es lo que conducirá a un enfrentamiento cuyas consecuencias me temo que serán irreparables.
Hay quien ha dicho que la izquierda española está ya harta. Pues si es izquierda, supongo que defenderá el derecho a realizar una consulta entre los vascos para determinar en qué grado está asentada esa aspiración a la independencia. Los españoles dicen que quieren votar en un hipotético referéndum, ¿dónde se ha visto mayor dislate?. Ni en Canadá se hizo una chapuza semejante. Ni los escoceses lo permitirían. Ni ha ocurrido en Irlanda. España, por decirlo de este modo refiriendo con el nombre al Gobierno y a los aparatos del Estado, no permite ni por las malas –ETA- ni por las buenas –la propuesta del Gobierno vasco- que se realice un referéndum. Esta es la desgracia y la paradoja en la que nos encontramos metidos, dada la cerrazón de los unitaristas. Los mismos que no se cansan de decir que por las vías políticas todo es posible. Sencillamente mienten, y así lo ven y lo perciben los ciudadanos de los territorios vascos, catalanes, gallegos...
El apresamiento de ciudadanos vascos cuyo único crimen es la defensa de la independencia de su territorio, pues el resto de las imputaciones son pura entelequia y elucubración de mentes sometidas al principio unitarista de los territorios de España, significa una vuelta a un pasado que nadie deseaba, pues ha sido interpretado –lógicamente- como una declaración de guerra. Ahí esta el problema encima de la mesa de nuevo con toda su crudeza. Cuando Zapatero dijo aquello, “seré implacable”, estaba diciendo que usaría los poderes del Estado –el judicial también- para vengar un fracaso que estaba cantado desde el momento en que sus enviados se desdecían un día de lo que habían firmado y afirmado en el anterior.
Que los políticos jueguen sucio es algo que tengo asumido, que los jueces se comporten como señalaba Quevedo es algo que no se puede soportar, por cuanto se acaba decididamente con el pilar que supone la seguridad jurídica. Y perdida esta, que dios nos coja confesados. Abran las cárceles y campos de concentración porque tendrán que encarcelar a cientos de miles de ciudadanos vascos. Pueden habilitar los que se utilizaron en el franquismo, empezando por el Valle de los Caídos, y seguir por Albatera, Miranda de Ebro, Castuela, San Marcos de León, o los Merinales en Sevilla, etc. Para empezar debieran de continuar con los otros 23 que se presentaron en rueda prensa y cuyas identidades no son desconocidas para el juez, y así hasta 187.000, como mínimo, pues yendo por el camino del absurdo jurídico –en el que nos encontramos- hasta Ibarretxe y su Gobierno se verán entre rejas. Menudo panorama.
Manuel F. Trillo (Insurgente) Kaos en la red.
